Con indignación y rechazo por la flagrante violación al derecho a la vida, denunciamos la ejecución extrajudicial por parte del ejército a Mario Caal Bolón, el sábado 15 de marzo de 2008.
El aparato mediático y estatal se empeña en fortalecer la idea que las luchas legítimas se consideren actos de terrorismo. Se intenta legitimar el uso de la violencia institucional para mantener el “orden social” y que se perciba por la población una supuesta aplicación de justicia pronta y cumplida. Cuando en realidad se está criminalizando y estigmatizando la lucha campesina que defiende sus recursos naturales y territorio ante la expoliación de que es objeto. Las mujeres también hemos sido objeto de esa criminalización en nuestra lucha contra la violencia que sufrimos, cuando la policía nos reprime en la expresión de nuestros planteamientos.
La conflictividad agraria no ha sido resuelta por ningún gobierno, por ello, se han ido profundizando la exclusión, la pobreza, la discriminación y falta de oportunidades para el desarrollo de una vida digna del pueblo q´eqchi´. Los gobiernos se han dedicado a preparar condiciones para concretar los megaproyectos de intereses nacionales y extranjeros.
El gobierno de la UNE impulsa una política represiva a pesar de las distintas gestiones y peticiones de diálogo que las y los campesinos han presentado con la intermediación de la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-.
Como mujeres feministas de izquierda exigimos al gobierno que asuma con responsabilidad ser garante de los derechos colectivos indígenas y comunitarios de la región, asumiendo con seriedad la conflictividad agraria.
Exigimos el cese inmediato de la persecución de las y los líderes campesinos, retiro de las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona y que mantienen en zozobra a la población.
Demandamos el esclarecimiento y la aplicación de justicia a los responsables de la ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolón.
Nos solidarizamos con las comunidades q´eqchi´ que están enfrentando la agresión militar y policial que en legítima defensa luchan y demandan del estado el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la resolución del problema agrario.
Guatemala, 17 de marzo de 2008.
COLECTIVA DE MUJERES FEMINISTAS DE IZQUIERDA
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4 comentarios:
Es triste lo que pasa.
si podes dejarnos saber quien es la TERRATENIENTE que es la que puso la querella! seria bueno ya que esa gente ha estado ahi antes de que hubieran llegado ese monton de 'inversores' y Robinsoe's crusoe's al area.
Eso que paso con CAAL es un crimen del ESTADO GUATEMALTECO.
Increíble, hubieran oido el programa "Tiro Libre" de la radio infinita el día de hoy. ¡uff! Le hicieron una entrevista a Zúñiga, del CACIF. Lo que uno en algún momento creyó superado en una larga oscura noche y terrible pesadilla del pasado, está aquí y ahora, sigue, tan vigente como antes. No bajaron de delincuente y terrorista, de apatria e indeseable al campesino arrestado, así como vende patrias y defiende lacras al procurador y a Orlando Blanco, etc.. etc... ¡Y esa es la primera avanzada de los "think tanks" de la Marro...!
esta grueso este caso vos... yo te soy sincero he venido siguiendo tu secuencia respecto a este caso en livingstone y te soy sincero es muy complejo el problema muy dificil de hayarle solución.
gracias por estar al tanto... les voy a copiar dos párrafos de un comunicado que realizan las comunidades de Encuentro Campesino:
"Las acusaciones contra Ramiro Choc, se origina de una mediación y acompañamiento que hizo al Barrio Buena Vista la Esperanza, de un desalojo que ordenó el juez de instancia penal, que se ejecutó el día seis de junio del año dos mil siete, siendo las ocho horas, donde se presento el señor juez José Reinaldo Galván Casasola, conjuntamente con los señores Francisco Castellán, esposo de SILVIA ILEANA LEMUS DE CASTELLAN quien se hace pasar de dueña del terreno en mención, además acompañada y custodiada por elementos de la Policía Nacional Civil. Dichas autoridades presenciaron la quema de las viviendas que se consumían por la llamas del fuego, mientras eso se daba se burlaban de los niños y niñas que huían por el terror y pánico causado, además el Señor Roberto Xo, acompañante del señor Castellán hizo disparos en contra de nuestra gente hiriendo a uno de nuestros compañeros ante la mirada de los entes del estado que dan el aval a este acto, ultrajándonos de esa manera nuestros derechos como comunidades indígenas."
"El Estado a través del Ministerio Público junto con la Señora SILVIA ILEANA LEMUS DE CASTELLAN, quien pretende despojar al Barrio Buena Vista la Esperanza de sus tierras, acusan a nuestro compañero y dirigente Ramiro Choc de tres delitos que jamás cometió. Con esto nos demuestra que el estado a través de sus instituciones sigue una política de protección a los ricos y reprimiendo a las comunidades indígenas con el objetivo de despojar de las pocas tierras que nos queda e instalando proyectos que solo beneficia a los ricos."
y bueno don Black, sí es un caso bastante difícil para el que se deben das soluciones políticas y no sólo jurídicas.... pero ud sabe mejor que yo de leyes....
gracias por pasar
Rebe
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