EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Movimiento Estudiantil Universitario
Auge y Represión
MUSAC 9a avenida 9-79 zona 1
2 de abril de 2008
5 de la tarde
sábado, 29 de marzo de 2008
El cultivo de la palma africana y los conflictos de tierras
Entre 1998 y 1999 se estableció una plantación de palma africana de aproximadamente 100 caballerías en la parte sureste de Sayaxché colindante con el municipio de San Luis, Petén. Año con año, los propietarios de Aceite Olmeca y Reforestadora de Palmas del Petén ( REPSA ), la familia Molina Botrán , dueños de la plantación, han ido aumentando la extensión de sus terrenos (se estima que poseen siete fincas sólo en Sayaxché) y los campesinos que les venden sus tierras se han movilizado hacia el norte de Petén en busca de nuevas tierras.
Así se tiene que en el municipio de La Libertad esas empresas están sembrando palma africana en las comunidades como las del Tambo, Cerritos, Esperancita, Tamariz y Aguateca. Mientras que en Sayaxché, en Tucán, la Torre, Santa Rosa, Mirador, Río Canaleto y Arroyo Santa María.
A Olmeca y REPSA se agrega otra compañía no identificada que opera en la comunidad Las Arenas, Sayaxché, que se instaló en 2006, así como otra de capital colombiano que opera para Aceite Ideal, de la familia Köng .
Cabe señalar que Olmeca S.A. fue señalada en 2005 por la tesorería municipal de Sayaxché de no pagar el Impuesto Único Sobre Inmuebles ( IUSI ) – Servicio de Información Municipal ( SIM ), Boletín Municipal 93.
La producción de palma africana y aceite de palma está concentrada en los grupos familiares: Molina-Botrán , Maegli , Campollo Codina y Köng . En el caso de la familia Maegli , entre sus principales negocios está Inversiones de Desarrollo, S.A. ( INDESA ) que produce palma africana en el sureste del Lago de Izabal, en los municipios de El Estor y Mariscos, Izabal; asimismo, posee Palmas de Desarrollo, S.A., con plantaciones en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz ( Inforpress 1730).
Así se tiene que en el municipio de La Libertad esas empresas están sembrando palma africana en las comunidades como las del Tambo, Cerritos, Esperancita, Tamariz y Aguateca. Mientras que en Sayaxché, en Tucán, la Torre, Santa Rosa, Mirador, Río Canaleto y Arroyo Santa María.
A Olmeca y REPSA se agrega otra compañía no identificada que opera en la comunidad Las Arenas, Sayaxché, que se instaló en 2006, así como otra de capital colombiano que opera para Aceite Ideal, de la familia Köng .
Cabe señalar que Olmeca S.A. fue señalada en 2005 por la tesorería municipal de Sayaxché de no pagar el Impuesto Único Sobre Inmuebles ( IUSI ) – Servicio de Información Municipal ( SIM ), Boletín Municipal 93.
La producción de palma africana y aceite de palma está concentrada en los grupos familiares: Molina-Botrán , Maegli , Campollo Codina y Köng . En el caso de la familia Maegli , entre sus principales negocios está Inversiones de Desarrollo, S.A. ( INDESA ) que produce palma africana en el sureste del Lago de Izabal, en los municipios de El Estor y Mariscos, Izabal; asimismo, posee Palmas de Desarrollo, S.A., con plantaciones en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz ( Inforpress 1730).
miércoles, 26 de marzo de 2008
noche de hip hop....
Compañeras y compañeros
las y los invitamos a las actividades programadas para este viernes 28 en la Banqueta z.1
19:00 Conversatorio: Hip hop: ¿movimiento artístico o pólitico? entrada libre
21:00 Bacteria Sound System y Semilla Urbana en concierto Q25
La banqueta z.1 observatorio cultural
2 av. 11-19 z.1
22322206
Lucha y Resistencia no es igual a terrorismo
Lucha y resistencia no es igual a terrorismo
Confusiones, ignorancia e infamia de muchos guatemaltecos
Ligia Z. Peláez,
Equipo Imaginarios Sociales, AVANCSO
Quienes en este país vociferan estar a favor de que las fuerzas policiales salgan a “perseguir secuestradores” o bien “que no se negocia con terroristas”, en relación con los hechos acaecidos en Livingston entre pobladores y gobierno, representan a un conglomerado de personas que ignora la historia de dominación que se ha ejercido por centurias sobre gran parte de la población trabajadora. Desconoce o más bien no quiere reconocer el despojo de que han sido objeto las comunidades campesinas y el tipo de relaciones de poder autoritarias y represivas que perduran hasta nuestros días, ejercidas por finqueros, empresarios, militares e instituciones del Estado. Lo anterior es hablando en términos muy generales, porque si abordamos datos más específicos llegamos a visualizar cómo la desatención y falta de resolución de conflictos de tierra, 132 casos para esta área, son la raíz de estos y otros muchos problemas.
Lo peor es que a este conglomerado de ciudadanos se le suman además, y que es lo más sorprendente, varias organizaciones del movimiento social que están prestas a condenar las medidas de hecho tomadas por las comunidades, olvidando el necesario análisis sobre los hechos y el principio de solidaridad. Las reacciones pueden ser comprensibles por el miedo y las acciones “políticamente correctas” que se han instaurado en Guatemala, a raíz del proceso de paz. De manera que lo permitido y acatado es sentarse en una mesa para negociar lo in-negociable, reunirse con instituciones del Estado para postergar indefinidamente las soluciones a las demandas más sentidas, a los conflictos y a los problemas más serios de la sociedad guatemalteca, entre ellos la propiedad y el uso de la tierra, entre otros recursos naturales.
De los 132 casos registrados en estas latitudes, 15 son ocupaciones nombradas como “ilegales” y en cinco de ellas Encuentro Campesino pide una solución inmediata, sea porque se trata de tierras que no tienen un dictamen de CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) o porque son terrenos baldíos o nacionales sin regularización. En todo caso, “la tierra debiera ser para quien la trabaja” y vive allí desde antaño, y no para quienes imponen –a toda costa- un modelo económico basado en el turismo y la implantación de monocultivos, última moda del sistema capitalista, que tiene como meta el control total sobre los recursos del planeta y la imposición de un estilo de vida que promueve disfrutar del entorno y las culturas hechas paisaje.
Resistir y luchar contra un sistema que se apropia del patrimonio natural y de la fuerza de trabajo sin dejarnos otra posibilidad que la sumisión es un derecho. El problema radica en que el ‘Estado de Derecho’ que se aplica en Guatemala aboga por los derechos de la oligarquía y no así por los derechos laborales y de los pueblos indígenas. La gente pobre (léase campesinos y marginados urbanos) son sujetos de derecho sólo para la represión, las sanciones y el castigo. Si vamos a hablar de ilegalidades entonces abordemos el asesinato de Mario Caal y la persecución, los golpes y el terror de que fueron objeto los campesinos asechados por las autoridades guatemaltecas sin respetar ninguna legalidad. Hablemos también del despojo y de las condiciones de trabajo a las que son sometidos los campesinos, tal y como lo retrata la foto del 20 de enero, página 25 de Prensa Libre, citada por Marielos Monzón en su artículo El meollo del asunto[1][1].
Las causas del conflicto armado siguen sin resolverse, por lo que no es de extrañar que las trasgresiones continúen. Mucho del escándalo que hace esta sociedad sobre la retención de los 29 policías y de las seis personas (cuatro turistas belgas y dos guatemaltecos acompañantes), quienes están libres y sanos, es producto de la confusión, la ignorancia e infamia que prevalece en muchos guatemaltecos. Porque esta retención (que no es lo mismo que un secuestro) también puede ser leída como una medida desesperada para presionar a un Estado y a una sociedad que ha sido incapaz de ver más allá de su nariz y poner manos a la obra en resolver las dramáticas condiciones socioeconómicas de la mayoría de sus habitantes, quienes son además las espaldas y los brazos que mueven la economía del país.
¿Por qué el despojo y la apropiación indebida de tierras por parte de nacionales y extranjeros no son catalogadas como ilegales? ¿Cómo es posible que la ejecución extrajudicial de ciudadanos, la persecución, los golpes y el terror por parte de las instituciones del Estado sobre los campesinos no sean calificados de terrorismo? ¿Qué nos hace condenar con tanta prestancia a las comunidades campesinas por estas medidas de hecho y ser tan condescendientes con la prepotencia con la que actúan el Estado, los finqueros y los empresarios en este país? Estas son cuestiones que debieran preocuparnos porque son algunos de los contrasentidos que prevalecen y hacen perdurable un determinado orden de cosas, que favorece ‘indebidamente’ a unos pocos sobre la mayoría; que permite la explotación; que tolera la exclusión y el racismo; que defiende los privilegios y nos aleja del bien común, atributo de cualquier sociedad que quiera llamarse democrática.
Guatemala, 24 de marzo de 2008.
Confusiones, ignorancia e infamia de muchos guatemaltecos
Ligia Z. Peláez,
Equipo Imaginarios Sociales, AVANCSO
Quienes en este país vociferan estar a favor de que las fuerzas policiales salgan a “perseguir secuestradores” o bien “que no se negocia con terroristas”, en relación con los hechos acaecidos en Livingston entre pobladores y gobierno, representan a un conglomerado de personas que ignora la historia de dominación que se ha ejercido por centurias sobre gran parte de la población trabajadora. Desconoce o más bien no quiere reconocer el despojo de que han sido objeto las comunidades campesinas y el tipo de relaciones de poder autoritarias y represivas que perduran hasta nuestros días, ejercidas por finqueros, empresarios, militares e instituciones del Estado. Lo anterior es hablando en términos muy generales, porque si abordamos datos más específicos llegamos a visualizar cómo la desatención y falta de resolución de conflictos de tierra, 132 casos para esta área, son la raíz de estos y otros muchos problemas.
Lo peor es que a este conglomerado de ciudadanos se le suman además, y que es lo más sorprendente, varias organizaciones del movimiento social que están prestas a condenar las medidas de hecho tomadas por las comunidades, olvidando el necesario análisis sobre los hechos y el principio de solidaridad. Las reacciones pueden ser comprensibles por el miedo y las acciones “políticamente correctas” que se han instaurado en Guatemala, a raíz del proceso de paz. De manera que lo permitido y acatado es sentarse en una mesa para negociar lo in-negociable, reunirse con instituciones del Estado para postergar indefinidamente las soluciones a las demandas más sentidas, a los conflictos y a los problemas más serios de la sociedad guatemalteca, entre ellos la propiedad y el uso de la tierra, entre otros recursos naturales.
De los 132 casos registrados en estas latitudes, 15 son ocupaciones nombradas como “ilegales” y en cinco de ellas Encuentro Campesino pide una solución inmediata, sea porque se trata de tierras que no tienen un dictamen de CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) o porque son terrenos baldíos o nacionales sin regularización. En todo caso, “la tierra debiera ser para quien la trabaja” y vive allí desde antaño, y no para quienes imponen –a toda costa- un modelo económico basado en el turismo y la implantación de monocultivos, última moda del sistema capitalista, que tiene como meta el control total sobre los recursos del planeta y la imposición de un estilo de vida que promueve disfrutar del entorno y las culturas hechas paisaje.
Resistir y luchar contra un sistema que se apropia del patrimonio natural y de la fuerza de trabajo sin dejarnos otra posibilidad que la sumisión es un derecho. El problema radica en que el ‘Estado de Derecho’ que se aplica en Guatemala aboga por los derechos de la oligarquía y no así por los derechos laborales y de los pueblos indígenas. La gente pobre (léase campesinos y marginados urbanos) son sujetos de derecho sólo para la represión, las sanciones y el castigo. Si vamos a hablar de ilegalidades entonces abordemos el asesinato de Mario Caal y la persecución, los golpes y el terror de que fueron objeto los campesinos asechados por las autoridades guatemaltecas sin respetar ninguna legalidad. Hablemos también del despojo y de las condiciones de trabajo a las que son sometidos los campesinos, tal y como lo retrata la foto del 20 de enero, página 25 de Prensa Libre, citada por Marielos Monzón en su artículo El meollo del asunto[1][1].
Las causas del conflicto armado siguen sin resolverse, por lo que no es de extrañar que las trasgresiones continúen. Mucho del escándalo que hace esta sociedad sobre la retención de los 29 policías y de las seis personas (cuatro turistas belgas y dos guatemaltecos acompañantes), quienes están libres y sanos, es producto de la confusión, la ignorancia e infamia que prevalece en muchos guatemaltecos. Porque esta retención (que no es lo mismo que un secuestro) también puede ser leída como una medida desesperada para presionar a un Estado y a una sociedad que ha sido incapaz de ver más allá de su nariz y poner manos a la obra en resolver las dramáticas condiciones socioeconómicas de la mayoría de sus habitantes, quienes son además las espaldas y los brazos que mueven la economía del país.
¿Por qué el despojo y la apropiación indebida de tierras por parte de nacionales y extranjeros no son catalogadas como ilegales? ¿Cómo es posible que la ejecución extrajudicial de ciudadanos, la persecución, los golpes y el terror por parte de las instituciones del Estado sobre los campesinos no sean calificados de terrorismo? ¿Qué nos hace condenar con tanta prestancia a las comunidades campesinas por estas medidas de hecho y ser tan condescendientes con la prepotencia con la que actúan el Estado, los finqueros y los empresarios en este país? Estas son cuestiones que debieran preocuparnos porque son algunos de los contrasentidos que prevalecen y hacen perdurable un determinado orden de cosas, que favorece ‘indebidamente’ a unos pocos sobre la mayoría; que permite la explotación; que tolera la exclusión y el racismo; que defiende los privilegios y nos aleja del bien común, atributo de cualquier sociedad que quiera llamarse democrática.
Guatemala, 24 de marzo de 2008.
Comunicado de Prensa
LA CONFLICTIVIDAD POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO TIENE RAÍCES ESTRUCTURALES AGUDIZADAS POR LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS Y EL SAQUEO DE LOS RECURSOS NATURALES
1. Guatemala es uno de los países de Latinoamérica que tiene la más injusta distribución de la tierra. En los últimos cincuenta años, según los diversos censos agropecuarios, esta situación no ha cambiado en sus aspectos fundamentales y se ha agravado. Las luchas por la defensa de la tierra y el territorio no son fruto de manipulación o engaños a campesinos; son producto de estas causas estructurales que aumentan la conflictividad agraria. Esta crecerá mientras siga la injusticia en el campo.
2. Ahora, con la exploración y explotación minera y petrolera, la construcción de megaproyectos, la entrega de territorios indígenas a empresas llamadas ambientalistas para el impulso de proyectos turísticos o para negociar con el ambiente, la expansión de los monocultivos como la caña de azúcar o la palma africana y la apropiación de las riquezas naturales, agua, suelo y subsuelo, se está concretando, hacia las comunidades indígenas y campesinas, la amenaza del robo de las tierras que les pertenece por derecho histórico. Este despojo está siendo ejecutado por terratenientes y empresarios nacionales y transnacionales, con la complicidad de funcionarios gubernamentales.
3. El Estado promueve leyes y políticas públicas que son excluyentes, y favorecen las acciones depredadora que pasan por encima de los derechos comunitarios, generando una presión en contra de las comunidades. Esta presión sumada a la exclusión, pobreza, marginación y violaciones a derechos humanos y laborales, dan lugar a la situación de explosividad en el campo y los centros de trabajo, que ahora estamos viviendo . Mientras se aprueban con celeridad tratados comerciales, licencias de exploración y explotación minera y petrolera, órdenes de desalojo contra comunidades indígenas y campesinas y demás medidas que únicamente benefician los intereses de sectores minoritarios. En tanto la ley para la protección de tierras indígenas establecida en la Constitución, hace 23 años y la Reforma Agraria Integral, aún está en espera de elaborarse y el Estado guatemalteco continúa negando los derechos, la voz y reivindicaciones de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
4. Las comunidades organizadas haciendo uso de las consultas populares, mesas de diálogo y medidas de presión, han expresado colectiva y públicamente su rechazo a los proyectos empresariales que ponen en riesgo la vida y existencia de los pobres de la tierra, no obstante, las respuesta de las dependencias del Estado ha sido la criminalización y persecución de las comunidades organizadas y sus líderes.
Las ordenes de captura colectivas contra líderes y pobladores de las comunidades esta siendo utilizado con el propósito de limitar los derechos a la organización y manifestación de las comunidades. Ejemplos de esta situación son las órdenes de captura contra treinta pobladores de San Juan Sacatepéquez, después de que las comunidades del este municipio, basados en una consulta comunitaria, se opusieran a la destrucción que generará la cementera que se quiere instalar en el lugar; así como la detención sin las debidas garantías y el debido proceso del líder q’eqchi’ Ramiro Choc y las órdenes de captura contra siete líderes q’eqchi’ del Livingstón que participaron en una mesa de diálogo con entidades del gobierno el 22 de febrero del año en curso.
La represión contra las comunidades organizadas ha llegado a crímenes que atentan contra el derecho a la vida como el asesinato ejecutado el 2 de marzo del presente año contra Miguel Ángel Ramírez, líder sindical y cofundador del sindicato bananero, miembro de UNSITRAGUA, SITRABANSUR de la finca Olga María, Tiquisate; y la ejecución extrajudicial, el 15 de marzo, de Mario Caal Bolón en un ataque de las fuerzas del Estado a la comunidad de Ensenada Puntarenas, Livingston, hechos que aún permanecen en la impunidad.
Sumado a ello, sobre muchas comunidades asentadas históricamente en las tierras de sus antepasados, penden órdenes de desalojo, sin que el gobierno proponga otra salida para el beneficio colectivo y social o utilizando “mesas de diálogo” únicamente para ganar tiempo o desactivar las protestas, sin una verdadera voluntad política para encontrar soluciones.
5. Las acciones hechas por el gobierno actual en lugar de atender las causas de la conflictividad agraria y responder a las reivindicaciones con una visión social y de solución a los conflictos, ha dado pasos para agudizar la conflictividad en el campo al avalar la persecución y represión contra las comunidades organizadas, a la vieja usanza del pasado, acusándolas de terroristas y militarizando las zonas conflictivas
Ante el agravamiento de la conflictividad agraria, las organizaciones abajo firmantes,
Exigimos a los órganos del Estado:
a) Respetar el derecho a la organización de las comunidades indígenas y campesinas, y terminar con la criminalización de las reivindicaciones de los pobres de la tierra y con ello la persecución de los líderes comunitarios, la militarización, los desalojos contra comunidades y las acusaciones de “terrorista” contra quien lucha por sus derechos, reconocido en el artículo 45 de la Constitución de la República, en donde se establece que es legitima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la misma.
b) Hacer justicia y esclarecer quiénes son los responsables de la ejecución extrajudicial de Mario Caal, ya que el Estado tiene responsabilidad en estos hechos, igualmente investigar y enjuiciar a los responsables del asesinato del sindicalista bananero Miguel Ángel Ramírez.
c) Suspender la persecución infundada contra los líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez y Livingston y respetar la presunción de inocencia y el debido proceso que han sido violados con la detención de Ramiro Choc y ordenar su liberación
d) Tomar medidas inmediatas, concretas y efectivas, tendientes a disminuir la conflictividad agraria y crear, con hechos, un clima que permita el abordaje, el reconocimiento de los derechos históricos y la solución a las reivindicaciones indígenas y campesinas.
e) Detener los desalojos y capturas que están en curso para crear un clima de diálogo y suspender la política de autorizaciones para la exploración y explotación minera, petrolera y la construcción de grandes hidroeléctricas que inundarán comunidades.
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOC-
Coordinación y Convergencia Maya WAKIB’ KEJ
Comité Campesino del Altiplano –CCDA-
Comité de Unidad Campesina –CUC-
Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-
Coordinación de ONG y Cooperativas –CONGCOOP-
Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala –UNSITRAGUA-
BLOQUE ANTIMPERIALISTA FORO SOCIAL AMÉRICAS
Fundación Guillermo Toriello –FGT- CEIBA
27 de Marzo de 2008.
1. Guatemala es uno de los países de Latinoamérica que tiene la más injusta distribución de la tierra. En los últimos cincuenta años, según los diversos censos agropecuarios, esta situación no ha cambiado en sus aspectos fundamentales y se ha agravado. Las luchas por la defensa de la tierra y el territorio no son fruto de manipulación o engaños a campesinos; son producto de estas causas estructurales que aumentan la conflictividad agraria. Esta crecerá mientras siga la injusticia en el campo.
2. Ahora, con la exploración y explotación minera y petrolera, la construcción de megaproyectos, la entrega de territorios indígenas a empresas llamadas ambientalistas para el impulso de proyectos turísticos o para negociar con el ambiente, la expansión de los monocultivos como la caña de azúcar o la palma africana y la apropiación de las riquezas naturales, agua, suelo y subsuelo, se está concretando, hacia las comunidades indígenas y campesinas, la amenaza del robo de las tierras que les pertenece por derecho histórico. Este despojo está siendo ejecutado por terratenientes y empresarios nacionales y transnacionales, con la complicidad de funcionarios gubernamentales.
3. El Estado promueve leyes y políticas públicas que son excluyentes, y favorecen las acciones depredadora que pasan por encima de los derechos comunitarios, generando una presión en contra de las comunidades. Esta presión sumada a la exclusión, pobreza, marginación y violaciones a derechos humanos y laborales, dan lugar a la situación de explosividad en el campo y los centros de trabajo, que ahora estamos viviendo . Mientras se aprueban con celeridad tratados comerciales, licencias de exploración y explotación minera y petrolera, órdenes de desalojo contra comunidades indígenas y campesinas y demás medidas que únicamente benefician los intereses de sectores minoritarios. En tanto la ley para la protección de tierras indígenas establecida en la Constitución, hace 23 años y la Reforma Agraria Integral, aún está en espera de elaborarse y el Estado guatemalteco continúa negando los derechos, la voz y reivindicaciones de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
4. Las comunidades organizadas haciendo uso de las consultas populares, mesas de diálogo y medidas de presión, han expresado colectiva y públicamente su rechazo a los proyectos empresariales que ponen en riesgo la vida y existencia de los pobres de la tierra, no obstante, las respuesta de las dependencias del Estado ha sido la criminalización y persecución de las comunidades organizadas y sus líderes.
Las ordenes de captura colectivas contra líderes y pobladores de las comunidades esta siendo utilizado con el propósito de limitar los derechos a la organización y manifestación de las comunidades. Ejemplos de esta situación son las órdenes de captura contra treinta pobladores de San Juan Sacatepéquez, después de que las comunidades del este municipio, basados en una consulta comunitaria, se opusieran a la destrucción que generará la cementera que se quiere instalar en el lugar; así como la detención sin las debidas garantías y el debido proceso del líder q’eqchi’ Ramiro Choc y las órdenes de captura contra siete líderes q’eqchi’ del Livingstón que participaron en una mesa de diálogo con entidades del gobierno el 22 de febrero del año en curso.
La represión contra las comunidades organizadas ha llegado a crímenes que atentan contra el derecho a la vida como el asesinato ejecutado el 2 de marzo del presente año contra Miguel Ángel Ramírez, líder sindical y cofundador del sindicato bananero, miembro de UNSITRAGUA, SITRABANSUR de la finca Olga María, Tiquisate; y la ejecución extrajudicial, el 15 de marzo, de Mario Caal Bolón en un ataque de las fuerzas del Estado a la comunidad de Ensenada Puntarenas, Livingston, hechos que aún permanecen en la impunidad.
Sumado a ello, sobre muchas comunidades asentadas históricamente en las tierras de sus antepasados, penden órdenes de desalojo, sin que el gobierno proponga otra salida para el beneficio colectivo y social o utilizando “mesas de diálogo” únicamente para ganar tiempo o desactivar las protestas, sin una verdadera voluntad política para encontrar soluciones.
5. Las acciones hechas por el gobierno actual en lugar de atender las causas de la conflictividad agraria y responder a las reivindicaciones con una visión social y de solución a los conflictos, ha dado pasos para agudizar la conflictividad en el campo al avalar la persecución y represión contra las comunidades organizadas, a la vieja usanza del pasado, acusándolas de terroristas y militarizando las zonas conflictivas
Ante el agravamiento de la conflictividad agraria, las organizaciones abajo firmantes,
Exigimos a los órganos del Estado:
a) Respetar el derecho a la organización de las comunidades indígenas y campesinas, y terminar con la criminalización de las reivindicaciones de los pobres de la tierra y con ello la persecución de los líderes comunitarios, la militarización, los desalojos contra comunidades y las acusaciones de “terrorista” contra quien lucha por sus derechos, reconocido en el artículo 45 de la Constitución de la República, en donde se establece que es legitima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la misma.
b) Hacer justicia y esclarecer quiénes son los responsables de la ejecución extrajudicial de Mario Caal, ya que el Estado tiene responsabilidad en estos hechos, igualmente investigar y enjuiciar a los responsables del asesinato del sindicalista bananero Miguel Ángel Ramírez.
c) Suspender la persecución infundada contra los líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez y Livingston y respetar la presunción de inocencia y el debido proceso que han sido violados con la detención de Ramiro Choc y ordenar su liberación
d) Tomar medidas inmediatas, concretas y efectivas, tendientes a disminuir la conflictividad agraria y crear, con hechos, un clima que permita el abordaje, el reconocimiento de los derechos históricos y la solución a las reivindicaciones indígenas y campesinas.
e) Detener los desalojos y capturas que están en curso para crear un clima de diálogo y suspender la política de autorizaciones para la exploración y explotación minera, petrolera y la construcción de grandes hidroeléctricas que inundarán comunidades.
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOC-
Coordinación y Convergencia Maya WAKIB’ KEJ
Comité Campesino del Altiplano –CCDA-
Comité de Unidad Campesina –CUC-
Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-
Coordinación de ONG y Cooperativas –CONGCOOP-
Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala –UNSITRAGUA-
BLOQUE ANTIMPERIALISTA FORO SOCIAL AMÉRICAS
Fundación Guillermo Toriello –FGT- CEIBA
27 de Marzo de 2008.
lunes, 24 de marzo de 2008
Pronunciamiento de Colectiva Feminista de Izquierda frente ejecución extrajudicial
Con indignación y rechazo por la flagrante violación al derecho a la vida, denunciamos la ejecución extrajudicial por parte del ejército a Mario Caal Bolón, el sábado 15 de marzo de 2008.
El aparato mediático y estatal se empeña en fortalecer la idea que las luchas legítimas se consideren actos de terrorismo. Se intenta legitimar el uso de la violencia institucional para mantener el “orden social” y que se perciba por la población una supuesta aplicación de justicia pronta y cumplida. Cuando en realidad se está criminalizando y estigmatizando la lucha campesina que defiende sus recursos naturales y territorio ante la expoliación de que es objeto. Las mujeres también hemos sido objeto de esa criminalización en nuestra lucha contra la violencia que sufrimos, cuando la policía nos reprime en la expresión de nuestros planteamientos.
La conflictividad agraria no ha sido resuelta por ningún gobierno, por ello, se han ido profundizando la exclusión, la pobreza, la discriminación y falta de oportunidades para el desarrollo de una vida digna del pueblo q´eqchi´. Los gobiernos se han dedicado a preparar condiciones para concretar los megaproyectos de intereses nacionales y extranjeros.
El gobierno de la UNE impulsa una política represiva a pesar de las distintas gestiones y peticiones de diálogo que las y los campesinos han presentado con la intermediación de la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-.
Como mujeres feministas de izquierda exigimos al gobierno que asuma con responsabilidad ser garante de los derechos colectivos indígenas y comunitarios de la región, asumiendo con seriedad la conflictividad agraria.
Exigimos el cese inmediato de la persecución de las y los líderes campesinos, retiro de las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona y que mantienen en zozobra a la población.
Demandamos el esclarecimiento y la aplicación de justicia a los responsables de la ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolón.
Nos solidarizamos con las comunidades q´eqchi´ que están enfrentando la agresión militar y policial que en legítima defensa luchan y demandan del estado el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la resolución del problema agrario.
Guatemala, 17 de marzo de 2008.
COLECTIVA DE MUJERES FEMINISTAS DE IZQUIERDA
El aparato mediático y estatal se empeña en fortalecer la idea que las luchas legítimas se consideren actos de terrorismo. Se intenta legitimar el uso de la violencia institucional para mantener el “orden social” y que se perciba por la población una supuesta aplicación de justicia pronta y cumplida. Cuando en realidad se está criminalizando y estigmatizando la lucha campesina que defiende sus recursos naturales y territorio ante la expoliación de que es objeto. Las mujeres también hemos sido objeto de esa criminalización en nuestra lucha contra la violencia que sufrimos, cuando la policía nos reprime en la expresión de nuestros planteamientos.
La conflictividad agraria no ha sido resuelta por ningún gobierno, por ello, se han ido profundizando la exclusión, la pobreza, la discriminación y falta de oportunidades para el desarrollo de una vida digna del pueblo q´eqchi´. Los gobiernos se han dedicado a preparar condiciones para concretar los megaproyectos de intereses nacionales y extranjeros.
El gobierno de la UNE impulsa una política represiva a pesar de las distintas gestiones y peticiones de diálogo que las y los campesinos han presentado con la intermediación de la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-.
Como mujeres feministas de izquierda exigimos al gobierno que asuma con responsabilidad ser garante de los derechos colectivos indígenas y comunitarios de la región, asumiendo con seriedad la conflictividad agraria.
Exigimos el cese inmediato de la persecución de las y los líderes campesinos, retiro de las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona y que mantienen en zozobra a la población.
Demandamos el esclarecimiento y la aplicación de justicia a los responsables de la ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolón.
Nos solidarizamos con las comunidades q´eqchi´ que están enfrentando la agresión militar y policial que en legítima defensa luchan y demandan del estado el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la resolución del problema agrario.
Guatemala, 17 de marzo de 2008.
COLECTIVA DE MUJERES FEMINISTAS DE IZQUIERDA
Leonardo Boff en Guatemala
FUNDACION FRIEDERICH EBERT Y FUNDACION SOROS GUATEMALA
Tienen el gusto de invitar a la conferencia
"La Desigualdad en la Globalización"
Con la participación de:
Leonardo Boff
Fundador de la Teología de la Liberación y Defensor de los Derechos de los Pobres
Fecha: Miércoles, 26 de marzo de 2008
A partir de las 17:30 hrs.
Lugar: Salón Roble II, del Hotel
Intercontinental
(14 calle 2-51, zona 10)
Tienen el gusto de invitar a la conferencia
"La Desigualdad en la Globalización"
Con la participación de:
Leonardo Boff
Fundador de la Teología de la Liberación y Defensor de los Derechos de los Pobres
Fecha: Miércoles, 26 de marzo de 2008
A partir de las 17:30 hrs.
Lugar: Salón Roble II, del Hotel
Intercontinental
(14 calle 2-51, zona 10)
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